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Por Iveth Serna
El pasado 18 de noviembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de adición al artículo segundo de la Constitución Política Mexicana que propone reconocer al español y a las 68 lenguas indígenas de nuestro país como lenguas nacionales, todas con la misma validez en términos legales.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en México cerca de 20 millones de mexicanos hablan alguna de las 364 variantes de las 68 agrupaciones lingüísticas pertenecientes a una de las once familias indoamericanas que, además del español, se hablan en nuestro país.
A pesar de que hasta ahora nuestra Constitución no reconoce a ninguna lengua como oficial, el español se ha colocado como idioma dominante, lo que además de poner en riesgo a la mayoría de las lenguas originarias, también trae consecuencias de orden político, social y económico en perjuicio de los pueblos indígenas, lo que se traducen en distintos actos de discriminación, violación de los derechos humanos, inaccesibilidad a la justicia y a mejores condiciones educativas y laborales.
El reconocimiento de todas las leguas originarias como idiomas oficiales al mismo nivel que el español, supone una revolución lingüística que, de aplicarse correctamente, generará un gran impacto en la forma de convivencia y relación de los distintos grupos raciales que integran nuestro país.
Además de la conservación del capital cultural, esta propuesta de adición es el primer paso para disminuir la brecha de desigualdad y discriminación, pues el Estado estará obligado a promoverá una política lingüística multilingüe que propicie que las lenguas indígenas alternen en igualdad con el español en todos los espacios públicos y privados.
De fondo, esta propuesta tendría que significar la introducción de todas las lenguas indígenas en la administración pública, su enseñanza en las escuelas, edición de publicaciones y la creación de centros de estudios. También significa que las comunidades originarias no tendrán que educar a sus descendientes en el idioma español para evitar actos de discriminación o garantizar el acceso a la educación, a la justicia, o a los servicios del Estado.
Asimismo, el reconocimiento legal de estas lenguas obligará al Estado a combatir las otras causas que ponen en riesgo a las distintas lenguas originarias y que necesitan una atención especial y urgente, tales como el desplazamiento por situaciones de violencia, la migración interna por cuestiones económicas o educativas y la discriminación por causas de raza y clase.
Como hemos referido en varios artículos de esta publicación, para el filósofo Heidegger, el idioma, más allá de un instrumento al servicio del hombre, es una condición originaria de la apertura y la apropiación de mundo, le permite representarse como un ser simbólico, el lenguaje es “la casa del ser”.
Estandarizar la lengua es estandarizar el pensamiento, porque cada lengua representa una visión diferente del mundo en el que vivimos, nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos y las ideas de la sociedad a la que pertenecemos, en otras palabras, determina nuestra identidad e ideología. Imponer una lengua significa despojar a los grupos originarios de su cosmogonía y moldearlos de acuerdo a los intereses del discurso dominante.
Bien gestionada, la propuesta de la que aquí hablamos puede ser un camino para la comunión en términos comunicativos, para el fortalecimiento, reconocimiento y respeto de las comunidades. Quizá sea el primer paso para edificar la paz en México y allanar el camino al bienestar nacional.
Para profundizar más sobre este tema les invito a ver el video “Migración, medios y DDHH” disponible en este sitio. https://www.youtube.com/watch?v=Zt8-Jx0Ck0s
Iveth Serna publica todos los sábados en este medio. Periodista, maestranda en comunicación organizacional y diplomada en Marketing Digital.
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