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“Sólo por el amor a los desesperados, conservamos todavía la esperanza”
Walter Benjamin
Por Iveth Serna
A mayor seguridad, menor libertad y a mayor libertad, a menor seguridad, es el principio máximo sobre el que descansa el llamado “pacto social”. Ceder un poco de nuestra libertad al Estado a cambio de que éste garantice nuestra seguridad parece una elección sencilla y obvia, pero ¿Cuál es el verdadero costo? ¿Qué dice la letra pequeña de este contrato? ¿Qué pasa cuando el Estado, además de incumplir con su parte, se excede en las en el ejercicio de sus facultades?
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), América Latina se enfrenta a condiciones de vida en evidente deterioro, un tanto por los embates de la pandemia de Covid-19 y otro tanto por las deudas en materia de justicia social que los Estados de la región venían arrastrando desde varias décadas atrás.
Los filósofos contractualistas parten de la afirmación de que la vida social no es inherente a la naturaleza humana, es decir, la vida en comunidad es un constructo social y, por lo tanto, su organización y normas de convivencia deben ser regulados, de lo contrario, aparecería el caos que lleve al hombre a su propia destrucción, sin embargo, el hombre nace con derechos naturales, lo que se conoce como iusnaturalismo, y el objetivo de la vida social es protegerlos.
Para Thomas Hobbes, el hombre es malo por naturaleza, bien lo manifestó en la frase “el hombre es el lobo del hombre”, por lo que recomendó la construcción de un Estado Civil en el que el hombre debe renunciar a parte de sus libertades y a la posibilidad de autogobierno a cambio de una estructura superior que sume la voluntad y la fuerza de todos, se concibe así al Estado, un monstruo frio e implacable; el Leviatán, que se convierte en el único con el derecho a ejercer el uso legítimo de la fuerza y tiene el monopolio de la construcción del marco normativo de forma deliberada y unilateral, hay que recordar que Hobbes era partidario de la monarquía absoluta.
Por su parte, John Locke propone la construcción del Estado de Naturaleza, en el que el ciudadano cede parte de sus libertades a cambio de la garantía de sus derechos naturales; la libertad, la propiedad privada y la vida. Él es partidario de una Monarquía Parlamentaria en el que el monopolio jurídico no recaiga es una sola persona, sino en una asamblea que dicte la ley
Finalmente, Jean-Jacques Rousseau, contrario a Hobbes, asegura que el hombre es bueno por naturaleza, es “el buen salvaje” con disposición natural a la vida comunal y a la convivencia armónica y pacífica con el entorno que habita, en el que, a diferencia de Locke, no es la propiedad privada sino la propiedad comunal el derecho natural del hombre, la propiedad privada es lo que rompe el equilibrio y genera el conflicto mediante la generación de desigualdad, surge así un Estado policial que haga cumplir el marco jurídico enfocado a la protección de la propiedad privada, el respeto de la jerarquía y la garantía del orden social.
Rousseau es partidario de la democracia pues es la única forma de gobierno que garantiza el cumplimiento de la voluntad general, pero que no la entiende como la voluntad de mayorías, sino como el ejercicio de las acciones en beneficio de todos.
Con todas sus diferencias conceptuales, los tres contractualistas-iusnaturalistas convergen en la idea de la necesidad del orden, un marco normativo que permita al Estado mantener la paz, pero no para garantizar el bienestar social, sino para proteger la propiedad privada; el capitalismo garantiza, mediante el contrato social, que el Estado sofocará cualquier movilización social en contra del modelo hegemónico, sofocará el descontento social.
Y ¿Qué pasa con los transgresores? Michel Foucault, en su obra, Vigilar y Castigar, asegura que la máxima expresión del poder se encuentra en el Sistema-Estado porque tiene algo que ningún otro sujeto de poder tiene; sistemas disciplinarios.
El Estado es un aparato vigilante y castigador que muy fácilmente se deja seducir por el poder de la sobrerregulación y se siente lo suficientemente impune para evadir su responsabilidad de garantizar la seguridad y bienestar ciudadano.
Más leyes y menos seguridad, es un contrasentido de un contrato social disfuncional, corrompido y autoritario, pero a la vez, con sistemas de ejercicio de poder tan sofisticados que parecen imperceptibles, deseables, necesarios; el cuerpo y la mente disciplinados, la autorregulación que cedimos ahora se nos revierte como herramienta de dominación. Ya no se confía en el Estado, se teme de él.
El descontento social es un fenómeno que, si bien venía creciendo en la región de América Latina, durante 2020 los niveles de malestar aumentaron muy rápidamente, indicador que es correlacional con la percepción subjetiva de la satisfacción con nuestra vida, no es casual que, de acuerdo con la ONU, países como México disminuyeron sus índices de percepción de felicidad de manera dramática.
La estructura socioeconómica, la deficiente actuación política e institucional y la mala calidad en las relaciones sociales, son el origen del malestar social en nuestra región de acuerdo con los indicadores de la CEPAL, en México, la inseguridad es por mucho el tema con el que más insatisfechos se sienten sus habitantes de acuerdo con el índice subjetivo del bienestar del INEGI.
El malestar social es la percepción negativa de los distintos ámbitos que conforman nuestra vida, por tanto, es una poderosa señal de alerta sobre el deterioro de las condiciones de vida de una región, de un país o de una comunidad, pero también, una oportunidad para corregir el camino.
En su obra Malestar en la Cultura, Sigmund Freud dice que para que las sociedades florezcan se tienen que sofocar los instintos naturales del hombre, tenemos así sociedades represivas, reprimidas, neuróticas, si a ello sumamos que además son sociedades empobrecidas, explotadas, vigiladas, vulnerables e inseguras, tenemos un caldo de cultivo ideal para la revuelta social.
Es urgente poner atención a la caída en la confianza de la democracia como como un modelo de gobierno que nos puede conducir al bienestar, es decir, hay una percepción de que los gobernantes no tienen interés en el bien común, sino que escalan posiciones de poder político como medio para obtener poder económico, los candidatos, partidos y gobernantes no están representando el interés social, sino que trabajan para su propio beneficio y garantizan su impunidad mediante sistemas jurídicos con más tintes autoritarios que democráticos.
Si el 80% de la población de América Latina no confía en sus representantes, el problema claramente está en la clase política, que con indiferencia, inhumanidad y cinismo no registran estos datos en sus notas informativas.
También se tiene la percepción de que el Estado tampoco está cumpliendo con sus funciones, en cambio, se está extralimitando en sus facultades. Tenemos sistemas jurídicos cada vez más robustos y complejos, pero incapaces de cumplir con tareas fundamentales como la seguridad, la salud, la educación y el ingreso digno. Terrorismo de Estado que crea sociedades más vulnerables y desprotegidas.
“El Estado te oprime, el Estado te liberará, no será el mismo Estado”, dijo Deleuze. Quizá ya es tiempo de una discusión seria sobre la necesidad imperante de un nuevo pacto social. El temor y la miseria no se pueden normalizar, ni internalizar, no podemos darnos el lujo de la desesperanza.
Iveth Serna publica todos los sábados en este medio.
Periodista, maestranda en comunicación organizacional y diplomada en Marketing Digital.
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