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México tiene una larga historia de protesta social y más larga aun es su historia de represión. El 29 de julio 1970, con la derogación del delito de disolución social, parecería que los movimientos sociales habían ganado la batalla a un régimen autoritario que desde 1940 se escudó en este tipo penal para encarcelar a líderes de la huelga ferrocarrilera de 1959, matar estudiantes en 1968 y desaparecer líderes políticos de oposición durante treinta años.
Sin embargo, dicen por ahí que a veces se gana perdiendo y otras veces se pierde ganando. Con este triunfo se logró la liberación y amnistía de los luchadores sociales, pero no significó un aumento de las libertades ni abrió los caminos democráticos para la participación social como se pensaba, por el contrario, abrió la puerta para que un delito se transformara en una multiplicidad de posibilidades por las cuales el Estado ejercía un poder represor aún mayor; la conspiración, el sabotaje, el terrorismo, el atentado a la paz pública… las leyes balas invadieron los cuerpos jurídicos de todo el país a partir de la ley general de regulación de manifestaciones públicas.
El ataque contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2011, México se obliga a firmar la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que, si bien no tiene carácter normativo por ser un acuerdo, con su firma nuestro país se comprometió a realizar varias reformas penales con el objetivo de controlar y disuadir la protesta social, delitos como la sedición dirigido a sancionar a todo aquel que se manifieste de forma tumultuaria, es decir, cualquier manifestación podría ser tipificado como delito.
Otra terrible consecuencia del ASPAN fue el delito de ataque a la paz pública y que generó gran controversia en 2012 en el entonces Distrito Federal luego de la protesta de 01 de diciembre en contra de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Ese día marcó un antes y después de la criminalización de la protesta social porque fue la primera vez que se realizó una detención y desaparición aleatoria de manifestantes como elemento de terror y disuasión, uno de ellos fue Bryan Reyes, defendido por la Liga de Abogados 1 DMX y cuyo caso logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional el delito de ataque a la paz pública por la arbitrariedad con el que podía ser utilizado y por justificar el uso legítimo e incluso mortal de la fuerza pública.
Esta criminalización fue promovida también por los medios de comunicación, hay que recordar el caso del periódico La Razón que el 01 de mayo de 2014 publicó una nota en portada en la que decía “desenmascaran a los vándalos del primero de diciembre”, acompañada de una galería fotográfica en las páginas centrales en la que se exponía a los participantes y hacía un juego de imágenes en los que deducía la identidad de los implicados, nota que fue retomada por varios medios y, lo más grave, fuer que el propio ministerio público la tomó como prueba para detener a los presuntos implicados, asunto por el cual la Organización de la Naciones Unidas (ONU) emitió una recomendación al gobierno mexicano y que derivó en que el medio eliminara esta galería de su portal.
“El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) condena enérgicamente la represión que la Guardia Nacional y la policía del Estado de Guerrero ejercieron en contra de nuestros compañeros estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el día viernes 4 de febrero, de la que resultaron presos 5 compañeros (ya en libertad) y algunos más heridos”. Así inicia el pronunciamiento de las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa luego del enfrentamiento entre normalistas y policías en Palo Blanco, Guerrero.
Represión, Ayotzinapa y Guardia Nacional, es una triada que expone la dura realidad de nuestro pueblo. De acuerdo con la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, “los agentes tienen derecho a responder a una agresión usando fuerza letal cuando esté en peligro inminente su integridad física con riesgo de muerte”, así es, la arbitrariedad judicial tiene varias caras.
El caso de Ayotzinapa es por demás ilustrativo de todas las formas de represión, disuasión y criminalización de la protesta social en nuestro país. Entorno a este caso, durante el sexenio de Peña Nieto aparecieron varias figuras no jurídicas para criminalizar a los activistas sociales, uno de ellos fue el de peligrosidad social, utilizado por los jueces y otro fue el de “anarco”, sobre este segundo concepto, el papel que jugó, nuevamente, el periódico La Razón fue de suma importancia para el proceso de criminalización de la protesta social mediante el uso, generación y explotación que les dio a los sujetos criminalizados sin presentar pruebas de delito.
El 24 de noviembre de 2014, el periódico La Razón comenzó a llamar “anarcos” o “anarquistas” (en clara relación al “narco” y no al anarquismo) a los manifestantes que, en petición de la aparición de los 43 estudiantes, rompieron el cerco de seguridad de Palacio Nacional e incendiaron una de sus puertas. Por su parte, Excélsior retomó el adjetivo de “vándalos” para referirse a este hecho, “no llegaban ni a 15, pero ese grupo de vándalos empañó la manifestación pacífica de miles de personas para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa” (Excelsior, 2014).
El papel de los medios de comunicación juega un papel sumamente importante en la criminalización de la protesta social presentando a las participantes ante la opinión pública como vándalos, anarquistas, revoltosos, disidentes, o personas de alta peligrosidad social.
Sin embargo, a pesar de la alternancia política el escenario represivo no ha mejorado, de acuerdo con el Comité Cerezo, en los últimos años ha aumentado un 500 por ciento el número de agresiones a activistas sociales, siendo los grupos indígenas, los defensores de la tierra, agua y territorio y los que luchan por la autodeterminación de sus comunidades, los más agredidos.
Ayotzinapa, Tlamixco, Huexca, el despojo por los proyectos transístmico y del tren maya, fenómenos desaparición forzada… como dicen los padres y madres de los 43 “el tiempo pasa y la noche de Iguala no parece terminar”. Nosotros también lamentamos que este escenario continúe después de más de 7 años y que, como dijo Alejandro Encinas el 03 de noviembre de 2015, estemos volviendo a la disolución social “como en los peores tiempos del autoritarismo gubernamental”,
REFERENCIAS
Cámara de Diputados. (s. f.). Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Recuperado 9 de febrero de 2022, de https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_mex_anexo7.pdf
Hurtado Bañuelos, G. (2016, 17 febrero). Ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad: tipos penales que criminalizan y judicializan la protesta social. HECHOS Y DERECHOS. Recuperado 9 de febrero de 2022, de https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/7405/9341
Lilian Hernández /Fotos: Quetzalli González. (2014, 10 noviembre). Vándalos queman puerta de Palacio Nacional. Excélsior. Recuperado 9 de febrero de 2022, de https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/11/09/991346
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2020, 7 julio). El delito de disolución social: un arma ad hoc al régimen autoritario mexicano. Análisis histórico del amparo directo 2835/60. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuperado 9 de febrero de 2022, de https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/el-delito-de-disolucion-social-un-arma-ad-hoc-al-regimen-autoritario-mexicano-analisis
Suprema Corte definió que el delito de ataques a la paz pública no es constitucional. (s. f.). Artículo 19. Recuperado 22–02-10, de https://articulo19.org/suprema-corte-definio-que-el-delito-de-ataques-a-la-paz-publica-no-es-constitucional/
Volver a la disolución social. (2015, 3 noviembre). El Universal. Recuperado 9 de febrero de 2022, de https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/alejandro-encinas/nacion/2015/11/3/volver-la-disolucion-social
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